En los últimos años cada vez es más frecuente la utilización por la Administración de mecanismos de derecho privado para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos: Sociedades mercantiles públicas, concesionarios, contratistas, empresas colaboradoras, etc. En estos casos, cuando la prestación del servicio ocasiona daños a los ciudadanos, la responsabilidad de la Administración establecida en el artículo 106 de la Constitución se oscurece de tal forma que el ciudadano es remitido de la Administración a la empresa privada y de la jurisdicción contenciosa a la civil. Se entra así en un círculo vicioso en el que, ante la oscuridad legislativa en la materia, tanto los tribunales como los operadores jurídicos tienen que resolver cada supuesto de forma casuística. La presente obra expone estos problemas y analiza los principales criterios jurisprudenciales así como la doctrina de los órganos consultivos de la Administración.
Índice
Introducción
Capítulo 1. El fenómeno de la privatización. Análisis de un concepto
Capítulo 2. La privatización como utilización del derecho privado para el cumplimiento de fines públicos
Capítulo 3. Problemas y límites de la privatización
Capítulo 4. La responsabilidad de los poderes públicos del Estado como exigencia constitucional
Capítulo 5. El ámbito subjetivo de aplicación de la responsabilidad patrimonial del Estado. Su aplicación a los distintos poderes públicos y el complejo concepto “servicios públicos” como origen de esta
Capítulo 6. La actuación indirecta de la Administración. La problemática responsabilidad de los contratistas y concesionarios
Capítulo 7. La actuación de sujetos privados “colaboradores” de la Administración
Capítulo 8. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y el mutualismo administrativo
Capítulo 9. Notarios y registradores
Capítulo 10. Entidades urbanísticas colaboradoras
Conclusiones. Necesidad de un replanteamiento de la responsabilidad patrimonial
