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Procedimiento Administrativo Local , , , ,

La presente obra -rigurosa, práctica y actualizada- estudia el Procedimiento Administrativo centrándose en la visión del mundo Local. Viene a coincidir en el tiempo la edición del libro con los 18 años de la aparición de la LRJPA. Siendo tan señalada fecha la de la mayoría de edad, acéptase esta obra como la aportación de El Consultor de los Ayunta […]

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La presente obra -rigurosa, práctica y actualizada- estudia el Procedimiento Administrativo centrándose en la visión del mundo Local. Viene a coincidir en el tiempo la edición del libro con los 18 años de la aparición de la LRJPA. Siendo tan señalada fecha la de la mayoría de edad, acéptase esta obra como la aportación de El Consultor de los Ayuntamientos y sus colaboradores a tan especial acontecimiento.

Muchos son los trabajos que se ocupan del Procedimiento Administrativo, pero, fuera del ámbito de los artículos doctrinales, muy pocos son los especialmente centrados en el mundo local. Se da por supuesto que todas las Administraciones se han de acomodar a la misma normativa, sin advertir que hay gran diferencia entre un Ministerio y una pequeña Entidad Local. Es por ello especialmente de agradecer el esfuerzo de los autores en adaptar los conceptos manejados al lenguaje de los municipalistas.

Índice

PARTE I

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA

CAPÍTULO 1

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA. DEFINICIÓN. RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE.

1. El procedimiento administrativo

2. El procedimiento común

3. Régimen jurídico vigente

CAPÍTULO 2

ÁMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO DE APLICACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES

1. Fundamento constitucional

2. Ámbito objetivo

2.1. Excepciones por razón de la materia

2.1.1. Procedimientos administrativos en materia tributaria

2.1.2. Procedimientos disciplinarios

2.2. Excepciones en atención a la naturaleza de los órganos o derivadas de especialidades en materia de contratación o personal.

2.2.1. Órganos de Gobierno y órganos colegiados

2.2.2. Mesas y Juntas de Contratación

2.2.3. Tribunales de procesos para la selección de personal y órganos para la provisión de puestos de trabajo.

2.3. Modulaciones derivadas de la normativa de contratos del sector público

2.4. Especialidades en materia de Administración electrónica

3. Ámbito subjetivo

3.1. Entidades que integran la Administración Local

3.2. Entidades de Derecho Público dependientes de la Administración Local

3.2.1. Que se trate de Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia.

3.2.2. Que estén vinculadas o sean dependientes de las Administraciones Locales.

3.2.3. Que ejerzan potestades administrativas

3.3. Sociedades mercantiles locales

PARTE II

EL ACTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 3

EL ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO Y ELEMENTOS. LAS CLASES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS ENTIDADES LOCALES

1. Noción de acto administrativo

2. Elementos

2.1. El elemento subjetivo

2.2. El contenido y la finalidad de los actos administrativos

2.3 Los elementos formales del acto administrativo

2.4. Cláusulas accesorias de los actos administrativos

3. Las clases de actos administrativos

CAPÍTULO 4

VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICACIONES Y PUBLICACIONES

1. Validez de los actos administrativos

1.1. Requisitos de los actos administrativos

1.2. Requisitos del acto administrativo en función de sus elementos esenciales

2. Invalidez de los actos administrativos: nulidad y anulabilidad

2.1. Nulidad de pleno derecho: el art. 62 de la LRJPA

2.1.1. Concepto y caracteres

2.1.2. Supuestos del art. 62 de la LRJPA

2.2. La anulabilidad de los actos administrativos

2.2.1. Supuestos y significación

2.2.2. La declaración de lesividad de los actos anulables

2.3. Convalidación versus conversión de los actos inválidos

2.3.1. Convalidación de los actos inválidos

2.3.2. Conversión de los actos inválidos

2.4. Efectos de la anulación del acto administrativo

3. Eficacia de los actos administrativos: efectos normales y anormales

3.1. Ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos

3.2. Límites a la eficacia de los actos administrativos

3.3. Eficacia retroactiva de los actos administrativos

3.4. Efectos anormales de los actos administrativos

4. Notificación y publicación de los actos administrativos

4.1. Requisitos de la notificación

4.2. Efectos de la notificación

4.3. Práctica de la notificación de los actos administrativos

4.3.1. Notificación individualizada

4.3.2. Notificación por edictos

4.3.3. Notificación por medios telemáticos

4.3.4. Publicación

4.3.5. Indicación de notificaciones y publicaciones

5. Bibliografía

CAPÍTULO 5

INACTIVIDAD FORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN: OBLIGACIÓN DE RESOLVER Y NOTIFICAR, Y SILENCIO ADMINISTRATIVO

1. Normativa y abreviaturas

1.1. Normativa del Estado

1.2. Normativa de la Generalitat de Catalunya

1.3. Otras abreviaturas

2. Aspectos generales de la obligación de resolver y notificar

3. Supuestos excepcionales a la obligación de resolver y notificar

4. La obligación de resolver y notificar: Cuestiones relativas a los plazos y suministro de información

5. Aspectos generales del silencio administrativo

6. La determinación del sentido del silencio administrativo y la incidencia de la LLAASE en ésta

7. Los supuestos excepcionales del sentido negativo del silencio administrativo

8. Consecuencias de los sentidos del silencio administrativo

9. Medios de acreditación de los actos producidos por silencio administrativo

10. Análisis del art. 44 de la LRJPA

11. El silencio administrativo, los actos de trámite y los informes

12. Los actos presuntos, su legalidad y su recurribilidad

13. El silencio administrativo y las relaciones interadministrativas

14. El silencio administrativo y las disposiciones administrativas generales

15. El sentido del silencio de las licencias urbanísticas

15.1. Previo

15.2. Interpretación no oficial

15.3. Interpretación oficial

15.4. Fundamentos de las dos interpretaciones

15.5. Otras observaciones sobre ambas tesis y el sentido del silencio en las autorizaciones y licencias ambientales.

16. Soluciones para evitar la producción de situaciones de silencio administrativo y la responsabilidad de éstas

CAPÍTULO 6

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. Introducción

2. Estructura documental

2.1. Entre los caracteres externos del documento se incluyen la clase, el tipo, el formato, la cantidad y la forma.

2.2. Entre los caracteres internos se incluyen la entidad productora, los orígenes funcionales, la fecha y lugar de producción y el contenido sustantivo.

3. Concepto, funciones y caracteres de los documentos y expedientes administrativos

4. Soportes documentales y expedientes

5. Régimen de los documentos electrónicos en las Administraciones Públicas

6. La administración electrónica y sus principios

7. El derecho de acceso electrónico a documentos y archivos

8. La interoperabilidad electrónica en la Administración Pública.

9. Valor del documento electrónico: criterios de jurisprudencia

10. Documento tradicional y documento electrónico

11. Gestión de documentos en la administración

12. Clasificación y lengua de los documentos administrativos

13. Estilo documental de la administración

14. Características de estilo

15. Aspectos documentales de las actas y certificados

16. Las actas en la administración

16.1. Actas de los órganos colegiados

16.2. Actas procedimentales

17. Estructura de las actas administrativas

17.1. Encabezamiento

17.2. Cuerpo del acta

17.3. Pie del acta

18. Libro de actas

19. Los certificados oficiales

19.1. Estructura de los certificados

19.2. Encabezamiento

19.3. Cuerpo del certificado

19.4. Pie del certificado

20. Las certificaciones de actos presuntos

21. Estructura del certificado de actos presuntos

21.1. Datos generales

21.2. Exposición

21.3. Certificación

21.4. Recursos

21.5. Notificación

22. Valoración jurisprudencial de actas y certificados

23. Los informes en la Administración Pública, valor jurídico y documental

24. Técnicas de informar en la Administración Pública

25. Tipología esencial de los informes en la Administración Pública

25.1. Obligatoriedad

25.2. Vinculación

25.3. Tipo de decisión o resolución

25.4. Contenido

25.5. Órgano de emisión

26. Valoración jurídica y documental de los informes

27. Estructura documental del informe

27.1. Parte inicial del informe

27.1.1. Cubierta del informe

27.1.2. Resumen del informe

27.1.3. Índice del contenido

27.1.4. Prefacio

27.2. Cuerpo del informe

27.2.1. Introducción

27.2.2. Núcleo principal del informe

27.2.3. Conclusiones del informe

2 7.3. Anexos del informe

28. Las actas de inspección en las Administraciones Públicas

29. Formato del acta de inspección

30. Lengua del acta

31. Hechos, fecha y alegaciones en las actas de inspección

32. Firma, notificación y publicidad de las actas de inspección

33. Valor probatorio de las actas de inspección: criterios jurisprudenciales

34. La figura de la ratificación en las actas de inspección

35. Documentos presentados a las Administraciones Públicas por los ciudadanos

36. Requisitos generales de los documentos de los ciudadanos

37. Peticiones y solicitudes administrativas, requisitos documentales

37.1. Formas de solicitud

37.2. Contenido mínimo de la solicitud

37.3. Subsanación y mejora

38. Las denuncias ante las Administraciones Públicas: elementos, requisitos y contenido

39. La documentación de alegaciones en los procedimientos administrativos

40. Falsedades en la Administración Pública

40.1. Elemento objetivo: documento

40.1.1. Documentos públicos

40.1.2. Documentos oficiales

40.1.3. Documentos mercantiles

40.1.4. Documentos privados

40.2. Elemento subjetivo: autoridad o funcionario público

40.3. Elemento funcional: la conducta típica

40.4. Consumación, tentativa y participación

40.5. Formas especiales de falsedad en la administración

40.5.1. Falsificación de certificados

40.5.2. Fabricación o tenencia de efectos destinados a cometer falsedades

40.5.3. Falsificación de despachos telegráficos

41. El registro de documentos en la Administración Local

42. Registros electrónicos

43. Identificación y autenticación electrónica en la Administración Pública

44. Normativa sobre documentos administrativos

45. Bibliografía

PARTE III

EL CIUDADANO Y LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CAPÍTULO 7

EL CIUDADANO Y EL INTERESADO. CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN. LOS DERECHOS DEL CIUDADANO ANTE LA ADMINISTRACIÓN. LA ACTUACIÓN

DEL CIUDADANO ANTE LA ADMINISTRACIÓN.

1. El concepto de ciudadano y el interesado

1.1. El ciudadano y el administrado

1.2. El ciudadano. Estatuto jurídico del vecino

2. Capacidad, legitimación y representación

2.1. Capacidad jurídica

2.2. Capacidad de obrar

2.3. La legitimación en el procedimiento administrativo

2.3.1. La titularidad de los derechos subjetivos: interés legítimo individual o colectivo.

2.3.2. La legitimación para incoar el procedimiento

2.3.3. Legitimación de terceros interesados en el procedimiento

2.4. La representación

3. Los derechos del ciudadano ante la Administración

3.1. Los derechos del ciudadano en el procedimiento administrativo general

3.1.1. El derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos; el derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de

éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

3.1.2. El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

3.1.3. El derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.

3.1.4. El derecho a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

3.1.5. El derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

3.1.6. El derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y los funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

3.1.7. El derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

3.2. El derecho de la ciudadanía a una buena administración

3.3. Los derechos del ciudadano en la sociedad del conocimiento

3.4. El derecho al libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

4. Los derechos de los vecinos en el ámbito del régimen local

4.1. Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.

4.2. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los Órganos de gobierno y Administración municipal.

4.3. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.

4.4. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

4.5. Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación con todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el art. 105 de la Constitución.

4.6. Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley

4.7. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

4.8. Ejercer la iniciativa popular

5. La actuación del ciudadano ante la Administración

5.1. La actuación individual. El derecho de petición

5.2. La actuación conjunta. La participación ciudadana

5.2.1. La iniciativa popular

5.2.2. Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones

5.2.3. Otros mecanismos de participación vecinal previstos en la legislación estatal.

CAPÍTULO 8

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCAL

1. El acceso de los ciudadanos a la información administrativa

1.1. El acceso a la información general

1.2. El derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y archivos de las Administraciones Públicas.

1.3. El acceso de los ciudadanos a información específica

1.3.1. El derecho de acceso a la información urbanística

1.3.2. El derecho de acceso a la información medioambiental

1.3.3. El derecho de acceso a la información sobre procedimientos necesarios para el acceso a una actividad de servicios.

2. El acceso de los Concejales a la información municipal

2.1. El libre acceso a la información

2.2. La información que requiere autorización previa del Alcalde o Presidente de la Junta de Gobierno Local.

2.3. La denegación de acceso a la información

2.4. El acceso a la información del Registro de Intereses

CAPÍTULO 9

TÉRMINOS Y PLAZOS

1. Concepto de «términos» y «plazos»

2. Regulación jurídica

3. Obligatoriedad de los términos y plazos

3.1. Para la Administración

3.2. Para los ciudadanos

4. Cómputo

4.1. Plazos señalados por días

4.2. Plazos señalados por meses o años

4.3. Garantía del plazo hasta las veinticuatro horas del último día

4.4. Plazos señalados por horas

4.5. Día inicial de cómputo (dies a quo)

4.6. Día final del cómputo (dies ad quem)

5. Determinación de los días hábiles e inhábiles

6. Determinación de las horas hábiles

7. Cómputo de plazos cuando se utilizan los medios electrónicos

8. Ampliación de plazos

8.1. Requisitos

8.2. Reglas especiales

8.3. Procedimiento

9. Tramitación de urgencia

9.1. Concepto

9.2. Diferencia con otras figuras

9.3. Requisitos

9.4. Procedimiento

9.5. Urgencia con reducción de plazos

9.6. Urgencia con supresión de trámites

9.7. Urgencia en la elaboración de reglamentos

CAPÍTULO 10

LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS

1. Concepto y consideración

2. Regulación

3. Funciones de los Registros administrativos

3.1. En el ámbito estatal

3.2. En el ámbito local

4. El Registro General

5. Los Registros auxiliares

6. Régimen de los asientos

6.1. El soporte documental

6.2. Informatización de los registros

6.3. Contenido de los asientos

6.4. Procedimiento de registro

7. Órganos ante los que pueden presentarse los escritos y documentos

8. Compulsa y cotejo de documentación por los Registros

9. Horario de los Registros

10. Exacción de tributos

11. Publicidad de los registros públicos

12. Acceso a los registros administrativos

13. Los registros electrónicos o telemáticos

13.1. Consideraciones previas

13.2. Creación y funcionamiento

13.3. Funciones

13.4. Cómputo de plazos, días y horario

13.5. Requisitos de seguridad e interoperabilidad

13.6. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones

14. Los Registros administrativos y su relación con las oficinas de información y atención al ciudadano

15. La intercomunicación de los Registros: «La ventanilla única»

PARTE IV

ESTRUCTURA, FASES E INSTITUCIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

CAPÍTULO 11

PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. Consideraciones generales. El trazado del derecho a una buena administración mediante la sujeción a principios informadores del procedimiento administrativo.

2. Principios informadores del procedimiento administrativo

2.1. Principio de oficialidad

2.2. Principio de igualdad

2.3. Principio de celeridad en la tramitación

2.4. Principio de congruencia

2.5. Principio de flexibilidad/antiformalismo

2.6. Principio de transparencia

2.7. Principio de cooficialidad lingüística

2.8. Principio de seguridad de los ciudadanos

2.9. Principio de responsabilidad

3. Estructura del procedimiento administrativo. Principios de ordenación.

CAPÍTULO 12

LA INCOACIÓN Y LA INSTRUCCIÓN

1. La incoación y la instrucción del procedimiento administrativo local. Introducción.

2. La iniciación de oficio

3. La iniciación a instancia de parte

3.1. Los interesados como solicitantes de la iniciación del procedimiento

3.2. Solicitudes de iniciación

3.3. Subsanación y mejora de las solicitudes

3.4. Declaración responsable y comunicación previa

3.5. Medidas provisionales

3.6. Acumulación de procedimientos

4. Las alegaciones

5. Prueba

5.1. Regulación

5.2. Concepto y consideraciones generales

5.3. Objeto de la prueba

5.4. La carga de la prueba

5.4.1. La carga de la prueba en los procedimientos administrativos incoados a instancia de parte.

5.4.2. La carga de la prueba en los procedimientos administrativos iniciados de oficio.

5.4.3. La carga de la prueba en los procedimientos sancionadores

5.5. El trámite de prueba

5.5.1. Los presupuestos de hecho determinantes del trámite de prueba

5.5.1.1. Cuando la Administración no tenga por cierto los hechos alegados por los interesados.

5.5.1.2. Cuando la naturaleza del procedimiento lo exija

5.5.2. Duración y práctica de la prueba

5.5.3. Medios de prueba

5.6. Valoración de la prueba

5.7. Gastos ocasionados por las pruebas practicadas

6. Los informes

6.1. Regulación

6.2. Concepto y clasificación. Especialidades en el régimen jurídico de los distintos tipos de informes.

6.2.1. Informes preceptivos e informes facultativos. Especial consideración de los informes preceptivos determinantes para la resolución del procedimiento.

6.2.1.1. Informes preceptivos. Especial consideración de los informes preceptivos determinantes.

6.2.1.2. Informes facultativos

6.2.2. Informes vinculantes e informes no vinculantes..

6.2.3. Informes de coordinación administrativa

6.3. La tramitación del informe

6.4. La emisión de informes y su ausencia

6.5. Algunas cuestiones relativas a control jurisdiccional de los informes

6.5.1. Imposibilidad de impugnación autónoma del informe con respecto a la resolución final.

6.5.2. ¿Es preciso el emplazamiento en el proceso de la Administración autora de informe vinculante, cuando es distinta de la que adopta la decisión?

7. El trámite de audiencia

7.1. Regulación

7.2. Concepto y fundamento

7.3. Dimensión constitucional del trámite de audiencia

7.4. Requisitos

7.5. Efectos

7.5.1. De la presentación del escrito de alegaciones

7.5.2. De la omisión del trámite de audiencia

8. El trámite de información pública

8.1. Regulación

8.2. Concepto y caracteres

8.3. Requisitos

8.4. Desarrollo de ¡a información pública

8.5. Efectos de la comparecencia

8.6. La incidencia de la omisión o incorrecta tramitación de la información pública en la validez de la resolución final.

8.7. Otras formas, medios y cauces de participación ciudadana

CAPÍTULO 13

LA TERMINACIÓN. LA EJECUCIÓN. LA INACTIVIDAD MATERIAL

1. Las formas de terminación del procedimiento administrativo

1.1. La resolución: una obligación de ¡a Administración

1.2. La terminación convencional

1.3. Desistimiento y renuncia

1.4. La caducidad

1.5. Imposibilidad material de continuar el procedimiento

2. La coacción administrativa

2.1. La ejecución de los actos administrativos

2.2. La coacción directa

2.3. La vía de hecho

3. La inactividad material de la Administración

3.1. Definición

3.2. Tipos de inactividad material

3.3. Ejercicio de la acción jurisdiccional contra la inactividad material de la Administración según la Ley 29/1998 LJCA.

CAPÍTULO 14

LA PRODUCCIÓN COLEGIADA DE ACTOS EN LAS ENTIDADES LOCALES

1. Introducción

2. Régimen de sesiones y acuerdos corporativos

2.1. Idea de la sesión

2.2. Su regulación legal

2.3. Clases de sesiones

2.3.1. Por razón del órgano que las celebra

2.3.1.1. Del Pleno

2.3.1.2. De la Junta de Gobierno Local

2.3.1.3. Del Concejo Abierto

2.3.1.4. De la Junta Vecinal

2.3.1.5. De los órganos de gobierno de las Áreas Metropolitanas

2.3.1.6. De los órganos de gobierno de las Mancomunidades

2.3.1.7. De los órganos de gobierno de las Comunidades de Villa y Tierra, Asocios, etc.

2.3.1.8. De las Comisiones Informativas

2.3.1.9. De la Comisión Especial de Cuentas

2.3.1.10. De la Junta Municipal de Distrito

2.3.1.11. De los Consejos Sectoriales

2.3.1.12. De los entes descentralizados para la gestión de servicios

2.3.2. Por su periodicidad

2.3.2.1. Sesiones ordinarias

2.3.2.2. Sesiones extraordinarias

2.3.2.3. Sesiones extraordinarias urgentes

2.4. Preparación de la sesión. Convocatoria.

2.5. El Orden del día

2.6. Nulidad de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el Orden del día

2.7. Documentación y examen de antecedentes

2.8. Requisitos de la sesión

2.8.1. La publicidad de las sesiones

2.8.2. Orden de colocación de los miembros de la Corporación

2.9. La asistencia a la sesión

2.10. Desarrollo de la sesión

2.11. Moción de censura al Alcalde o Presidente

2.12. Cuestión de confianza

2.13. El uso de las lenguas vernáculas en las deliberaciones

2.14. Informes y advertencias de ilegalidad en las deliberaciones

2.15. Abstención de los miembros de la Corporación en las deliberaciones

2.16. La votación en la sesión

2.16.1. Idea general

2.16.2. Clases de votación

2.17. El acta de la sesión

2.18. Publicidad de los actos y acuerdos

2.19. El Libro de Actas

2.19.1. Concepto y requisitos

2.19.2. Utilización de hojas móviles

2.19.3. Custodia del Libro de Actas

2.20. Expedición de certificaciones

2.21. La Junta de Gobierno

3. La adopción de acuerdos

4. Dictámenes e informes

4.1. Idea general de ¡os informes

4.2. Dictámenes de las Comisiones Informativas

4.3. Informes del Secretario e Interventor y advertencias de ilegalidad

4.4. Dictamen del Consejo de Estado

4.5. Otros supuestos de asesoramiento

5. Aprobación de las ordenanzas locales

5.1. Idea general

5.2. Procedimiento

5.3. Modificación de Ordenanzas

5.4. Incumplimiento

6. Conflictos de atribuciones y de competencias

6.1. Conflictos de atribuciones entre órganos y entidades dependientes de una Corporación local.

6.2. Conflictos de competencias entre diferentes Entidades locales

6.3. Conflictos de competencias entre las Corporaciones locales y la Administración del Estado o la Comunidad Autónoma.

6.4. Conflictos de jurisdicción entre las Corporaciones locales y los Tribunales de Justicia.

PARTE V

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN

CAPÍTULO 15

REVISIÓN DE OFICIO Y ACCIÓN DE NULIDAD. DECLARACIÓN DE LESIVIDAD Y ANULACIÓN JUDICIAL DE ACTOS ANULABLES. REVOCACIÓN DE ACTOS NO FAVORABLES. RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES.

1. Introducción

1.1. Concepto y fundamento de la potestad de revisión de oficio

1.2. Incidencia del ejercicio de la potestad de revisión de oficio en la pervivencia de los actos administrativos.

1.3. Límites al ejercicio de la potestad de revisión de oficio

2. Revisión de oficio y acción de nulidad

2.1. Cuestiones previas

2.2. Compatibilidad de la potestad de revisión de oficio con la interposición de recursos.

2.3. Revisión de oficio de actos administrativos y disposiciones administrativas nulos de pleno derecho.

2.3.1. Inicio del procedimiento de revisión de oficio

2.3.2. Inadmisión de la acción de nulidad

2.3.3. Órgano competente para iniciar el procedimiento

2.3.4. Suspensión de la ejecutividad del acto revisado.

2.3.5. Ordenación e instrucción del procedimiento

2.3.6. Resolución del procedimiento de revisión de oficio

2.3.7. Actos administrativos susceptibles de ser revisados de oficio

2.3.8. Disposiciones administrativas susceptibles de ser revisadas de oficio

2.3.9. Determinación de indemnizaciones

2.3.10. Eficacia de los actos administrativos dictados al amparo de una disposición administrativa anulada.

3. Declaración de lesividad y anulación judicial de actos anulables

3.1. Inicio del procedimiento de revisión de oficio

3.2. Órgano competente para iniciar el procedimiento

3.3. Suspensión de la ejecutividad del acto revisado

3.4. Ordenación e instrucción del procedimiento

3.5. Adopción de la declaración de lesividad para el interés público del acto

3.6. Interposición de recurso de lesividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

3.7. Actos administrativos susceptibles de ser declarados lesivos para el interés público.

3.8. Determinación de indemnizaciones

4. Revocación de actos no favorables

4.1. Inicio del procedimiento de revocación

4.2. Órgano competente para iniciar el procedimiento

4.3. Suspensión de la ejecutividad del acto objeto de revocación

4.4. Ordenación e instrucción del procedimiento

4.5. Resolución del procedimiento de revocación

4.6. Actos administrativos susceptibles de ser revocados

4.7. Determinación de indemnizaciones

5. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos

5.1. Inicio del procedimiento de rectificación

5.2. Órgano competente para iniciar el procedimiento

5.3. Suspensión de la ejecutividad del acto objeto de rectificación

5.4. Ordenación e instrucción del procedimiento

5.5. Resolución del procedimiento de rectificación

5.6. Actos administrativos susceptibles de ser rectificados

5.7. Determinación de indemnizaciones

6. Bibliografía

CAPÍTULO 16

LA IMPUGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD LOCAL. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN LAS ENTIDAD LOCALES. LAS RECLAMACIONES PREVIAS AL EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES Y LABORALES

1. La impugnación de la actividad local

1.1. Concepto

1.2. Objeto de recurso

1.3. Legitimación

1.4. Clases de recursos

1.5. Tramitación de los recursos

1.5.1. Requisitos

1.5.2. Plazos

1.5.3. Efectos. La suspensión

1.5.4. Audiencia

1.5.5. Resolución

2. Los recursos administrativos en las Entidades Locales

2.1. Recurso de reposición

2.1.1. Objeto

2.1.2. Legitimación

2.1.3. Órgano administrativo competente

2.1.4. Plazo de interposición

2.1.5. Plazo de resolución

2.1.6. Silencio

2.1.7. Recursos contra este acto

2.2. Recurso de alzada

2.2.1. Objeto

2.2.2. Órgano administrativo competente

2.2.3. Plazo de interposición

2.2.4. Plazo de resolución

2.2.5. Silencio

2.2.6. Recursos contra este acto

2.3. Recurso de revisión

2.3.1. Objeto

2.3.2. Supuestos

2.3.3. Legitimación

2.3.4. Órgano administrativo competente

2.3.5. Plazo de interposición

2.3.6. Tramitación

2.3.7. Plazo de resolución

2.3.8. Resolución

2.3.9. Silencio

2.3.10. Recursos contra este acto

2.4. Recursos especiales

2.4.1. Recurso especial en materia de contratación

2.4.1.1. Objeto

2.4.1.2. Actos impugnables

2.4.1.3. Legitimados

2.4.1.4. Órgano administrativo competente

2.4.1.5. Plazo de interposición e iniciación del procedimiento

2.4.1.6. Tramitación y efectos de la interposición

2.4.1.7. Plazo de resolución

2.4.1.8. Silencio

2.4.1.9. Recursos contra este acto

2.4.2. Recursos presentados por otras Administraciones

2.4.3. Recursos contra disposiciones de carácter general

3. De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales

3.1. Conceptos

3.2. Reclamación previa a la vía judicial civil

3.2.1. Iniciación

3.2.2. Tramitación

3.2.3. Resolución

3.2.4. Efectos

3.3. Reclamación previa a la vía judicial laboral

3.3.1. Finalidad

3.3.2. Tramitación

3.3.3. Resolución

CAPÍTULO 17

LA REVISIÓN DE ACTOS TRIBUTARIOS

1. Caracterización general

2. Revisión de oficio de los actos administrativos en materia tributaria

2.1. La revisión de oficio: contenido y límites, caracterización general

2.2. Procedimientos especiales de revisión

2.2.1. Cuestiones generales

2.2.2. Nulidad de pleno derecho

2.2.3. Declaración de lesividad de actos anulables

2.2.4. Revocación

2.2.5. Rectificación de errores

2.2.6. Devolución de ingresos indebidos

3. Revisión de actos administrativos tributarios previo recurso

3.1. Recurso de reposición

3.1.1. Caracteres

3.1.2. Suspensión de la eficacia del acto impugnado

3.1.3. Devolución del coste de las garantías

3.2. Reclamaciones económico administrativas

3.3. Recurso extraordinario de revisión

CAPÍTULO 18

EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LOS CONFLICTO DE JURISDICCIÓN: UNA PERSPECTIVA LOCAL

1. A modo de introducción: breve apunte sobre la génesis y evolución del contencioso-administrativo en España hasta su vigente regulación por ¡a Ley 29/1998, de 13 de julio.

1.1. Génesis del Contencioso-Administrativo e influencia en España: la instauración del sistema de «Justicia Especial Administrativa» por la Constitución de Bayona de 1808.

1.2. Un cambio radical en la concepción del Contencioso- Administrativo: del abandono del sistema de «Justicia Especial Administrativa» a su sustitución por el sistema de «Justicia Civil»

1.3. Nuevo «giro copernicano» del Contencioso-Administrativo: vuelta, en este caso efectiva y real, al sistema de «Justicia Especial Administrativa» ante la desidia y apatía provocada por el sistema de «Justicia Civil»

1.4. Una nueva catarsis del Contencioso-Administrativo: repudio, una vez más, del sistema de «Justicia Especial Administrativa» para volver a estatuir en su lugar el sistema de «Justicia Civil»

1.5. Hacia un sistema ecléctico Contencioso-Administrativo, erradicador de la dicotomía «Justicia Especial Administrativa»-«Justicia Civil»: la instauración del denominado «Sistema Armónico»

1.5.1. Un cambio transcendental dentro del «Sistema Armónico» de Justicia: traslado del Tribunal Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado al Tribunal Supremo.

1.5.2. Normalidad y nada digno de reseñar, en el discurrir del «Sistema Armónico» de Justicia Administrativa, a pesar de los múltiples regímenes habidos durante su vigencia, hasta la aprobación de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

1.6. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956: revolución y modernización de la Justicia Administrativa a través del denominado sistema «Judicial Especializado», aún hoy vigente.

1.6.1. Dos acontecimientos transcendentales para la Jurisdicción Contencioso-Administrativa durante la vigencia de la Ley de 27 de diciembre de 1956: la Constitución Española de 1 978 y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1.6.2. La debida y necesaria sustitución de la Ley de 27 de diciembre de 1956 por la, al día de hoy, vigente Ley 29/1 998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: motivos que justificaron tal cambio.

2. Características más destacadas del actual sistema contencioso-administrativo

2.1. Jurisdicción de gran tensión, al enjuiciar el actuar del Poder Ejecutivo de por sí no muy proclive a ningún tipo o clase de control o fiscalización.

2.2. Jurisdicción enjuiciadora, no tanto de los auténticos protagonistas o responsables de la actividad administrativa ilegal o contraria a Derecho, como de la apariencia externa de la misma.

2.3. Jurisdicción fiscalizadora del actuar administrativo, pero en ningún caso suplantadora de la potestad de auto tutela propia y característica de las Administraciones Públicas.

2.4. Jurisdicción no limitada, única y exclusivamente, al restablecimiento de la legalidad objetiva, sino por el contrario, plenamente subjetivada, al tutelar en su desempeño los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

2.5. Jurisdicción de marcado carácter revisor, habida cuenta de la propiedad o naturaleza impugnatoria del recurso que es propio de la misma.

3. Extensión y límites de la jurisdicción contencioso-administrativa

3.1. Una primera aproximación al ámbito competencial Contencioso-Administrativo: la cláusula general de competencia.

3.2. Criterios subjetivos de delimitación de la competencia Contencioso-Administrativa.

3.2.1. Las Administraciones Públicas territoriales y las Entidades de Derecho Público dependientes o vinculadas a las mismas.

3.2.1.1. El factor, mera o puramente, subjetivo de las Administraciones Públicas territoriales y de las Entidades de Derecho Público dependientes o vinculadas a las mismas: delimitación individual.

3.2.1.2. El factor funcional de las Administraciones Públicas territoriales y de las Entidades de Derecho Público dependientes o vinculadas a las mismas: actuación sujeta al Derecho Administrativo.

3.2.1.3. El factor material o competencial de las Administraciones Públicas territoriales y de las Entidades de Derecho Público dependientes o vinculadas a las mismas: la actuación administrativa.

3.2.2. Otros Poderes Públicos: en particular, los Órganos Constitucionales, los Órganos Judiciales y la Administración Electoral.

3.2.2.1. Los Órganos Constitucionales

3.2.2.2. Los Órganos Judiciales

3.2.2.3. La Administración Electoral

3.2.3. Otros sujetos públicos: las Corporaciones de Derecho Público y los Concesionarios de Servicios Públicos.

3.2.3.1. Las Corporaciones de Derecho Público

3.2.3.2. Los Concesionarios de Servicios Públicos

3.3. Criterios objetivos de delimitación de la competencia Contencioso-Administrativa.

3.4. Materias excluidas del ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

4. La jurisdicción como presupuesto procesal: especial referencia a los conflictos de jurisdicción

5. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa: especial atención a aquellos más relacionados con las entidades locales

5.1. Clases de órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

5.2. Competencia objetiva o por razón de la materia de los órganos judiciales del orden Contencioso-Administrativo.

5.3. Competencia territorial de los órganos judiciales integrantes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6. Las partes en el proceso contencioso-administrativo: en particular la Administración Local como demandante y demandada.

6.1. La dualidad de partes propia de todo procedimiento Contencioso-Administrativo.

6.1.1. El demandante en el procedimiento Contencioso-Administrativo

6.1.2. El demandado en el procedimiento Contencioso-Administrativo

6.2. Requisitos de obligado cumplimiento por las partes (demandante y demandado) en el procedimiento Contencioso-Administrativo.

6.2.1. Capacidad para ser parte

6.2.2. Capacidad procesal

6.2.3. Representación y defensa o postulación

6.2.4. Legitimación

6.2.4.1. Legitimación activa

6.2.4.2. Falta de legitimación

6.2.4.3. Legitimación pasiva

7. Referencia sumaria al objeto del recurso contencioso-administrativo: ¿contra qué proceder de las Administraciones Públicas pueden recurrir los administrados?

7.1. Actividad administrativa impugnable ante el orden Contencioso-Administrativo.

7.2. La inactividad administrativa, como motivo o causa de impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7.3. La actuación material de la Administración constitutiva de vía de hecho, como supuesto susceptible de impugnación ante el orden Contencioso-Administrativo.

8. Epítome de los procedimientos contencioso-administrativos

8.1. El procedimiento Contencioso-Administrativo ordinario

8.1.1. Iniciación del procedimiento y efectos

8.1.2. Desarrollo del procedimiento

8.1.3. Terminación del procedimiento

8.2. El procedimiento abreviado

8.3. Los procedimientos especiales

8.3.1. El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

8.3.2. El procedimiento especial sobre la cuestión de ilegalidad

8.3.3. El procedimiento especial en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.

PARTE VI

EL DERECHO SANCIONADOR

CAPÍTULO 19

LA POTESTAD SANCIONADORA

1. Introducción

2. Principios de la potestad sancionadora

2.1. De legalidad

2.2. Irretroactividad

2.3. Tipicidad

2.4. Responsabilidad

2.5. Proporcionalidad

3. Prescripción de sanciones

4. Concurrencia de sanciones

CAPÍTULO 20

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

1. Principios del Procedimiento sancionador

1.1. Garantía del procedimiento

1.2. Derechos del presunto responsable

1.3. Medidas de carácter provisional

1.4. Presunción de inocencia

1.5. Resolución

2. Expediente sancionador

2.1. Iniciación

2.1.1. Ideas generales

2.1.2. Actuaciones previas

2.1.3. Inicio. Nombramiento de Instructor

2.1.4. Medidas de carácter provisional

2.2. Instrucción

2.2.1. Alegaciones

2.2.2. Prueba

2.2.3. Propuesta de Resolución

2.2.4. Puesta de manifiesto del expediente

2.3. Resolución

2.3.1. Posibilidad de realizar actuaciones complementarias

2.3.2. Resolución del expediente sancionador

2.3.3. Efectos de la resolución

3. Resarcimiento e indemnización

4. Procedimiento simplificado

5. Caducidad del Procedimiento

PARTE VII

PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACIÓN DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE LAS ENTIDADES LOCAL

CAPÍTULO 21

EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL

1. La potestad reglamentaria de las AA.PP

2. El procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas

3. El procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general en la administración general del Estado

4. El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter local

5. Especialidades procedimentales ratione materia

6. Las normas de los planes urbanísticos

6.1. Planeamiento general

6.2. Planeamiento de desarrollo

7. Las especialidades organizativas

8. Peculiaridades en materia de reglamentación sobre bienes públicos

9. Peculiaridades de los reglamentos de personal

10. Peculiaridades de las normas presupuestarias y tributarias

10.1. Cuestiones generales

10.2. Las normas presupuestarias

10.3. Las ordenanzas fiscales

PARTE VIII

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS EN LAS ENTIDADES LOCALES

CAPÍTULO 22

LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

1. La competencia local y las relaciones interadministrativas

2. Coordinación, cooperación y colaboración entre administraciones

2.1. Coordinación de la actividad local

2.2. La cooperación institucionalizada: Convenios y Consorcios

2.3. La colaboración estatal y autonómica con las entidades locales

3. Las relaciones interadministrativas de los entes locales

3.1. Generalidades

3.2. Los Convenios interadministrativos de los entes locales

4. Las Fuentes de los Convenios interadministrativos y su concepto

4.1. Clases de Convenios

5. Competencia y procedimiento de aprobación de los Convenios

6. Cumplimiento, Extinción y Jurisdicción competente

7. Gestión de los Convenios locales: Órganos mixtos

7.1. Naturaleza del órgano convencional de gestión mixta

7.2. Procedimiento de creación y régimen jurídico de los órganos comunes

8. Convenios y transacciones

PARTE IX

LAS FUNCIONES PÚBLICAS NECESARIAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

CAPÍTULO 23

LAS FUNCIONES RESERVADAS A LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL

1. La reserva competencial

1.1. Enunciado

1.2. Alcance competencial de la reserva

1.3. Las limitaciones a la potestad de auto organización como garantía del alcance competencial de la reserva.

1.3.1. La exclusión de las funciones necesarias de la potestad de auto organización local.

1.3.2. Los contenidos concretos excluidos de la potestad de auto organización.

1.3.3. La limitación de la potestad de auto organización en materia de asignación de medios

1.3.4. El doble límite de coherencia y no obstrucción en la asignación de otras atribuciones al funcionario competente para el ejercicio de las funciones reservadas.

1.3.5. Conclusión: la limitación de la potestad de auto organización como garantía necesaria de las funciones reservadas.

1.4. Alcance procedimental de ¡a reserva

2. La naturaleza institucional de las funciones públicas necesarias

2.1. El doble alcance del concepto función presente en el ordenamiento

2.2. Las funciones reservadas procedimentales como funciones de calificación jurídica.

2.3. La calificación en que las funciones públicas reservadas consisten se instrumenta en actos administrativos de juicio o conocimiento.

2.4. Las funciones públicas reservadas son siempre regladas

3. La fe pública

3.1. Fe pública versus asesoramiento legal preceptivo

3.2. Elementos que acredita la fe pública

3.3. Fe pública constitutiva y fe pública declarativa

3.4. Actuaciones certificantes que no participan de la fe pública local

4. El asesoramiento legal preceptivo

4.1. El asesoramiento legal preceptivo se instrumenta en informes

4.2. Los informes de asesoramiento legal preceptivo son informes jurídicos

4.3. El asesoramiento legal preceptivo es una función reservada a los funcionarios titulares de la función pública subjetiva Secretaría.

4.4. La preceptividad del asesoramiento legal puede traer causa en una norma que lo disponga o en la decisión discrecional de quien se encuentra legitimado para ello.

4.5. El asesoramiento legal preceptivo se traduce en informes que comprenden en general la legalidad del procedimiento o actuación sobre la que deben versar.

4.6. Ubicación del informe en el curso procedimental

4.7. El singular supuesto del informe «dirimente» en la legislación urbanística de Cataluña.

5. El control de intervención

5.1. Su naturaleza

5.2. Coexistencia de asesoramiento legal preceptivo

6. Los efectos de la omisión de las funciones públicas necesarias

6.1. De la fe pública

6.2. Del asesoramiento legal preceptivo y del control de intervención

Índice analítico