Notas acerca de la competencia del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en materia de responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos. 15 junio, 2018 – Publicado en: Derecho Administrativo – Etiquetas:

En el ámbito de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) dispone en su artículo 81.2 que «Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma«.

En lo que refiere a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispone en su artículo 38.1 que este último órgano «es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma«, expresando en el artículo 54.9 a), que deberá ser consultado, entre otros asuntos, en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha concernientes a “reclamaciones de responsabilidad patrimonial por cuantía superior a seiscientos un euros” y también, conforme indica el 54.10, en “Aquellos otros en los que, por precepto expreso de una ley, se establezca la obligación de consulta”; disponiendo de forma expresa en su artículo 57 que «Las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes«.

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2012, estableció como criterio interpretativo determinante de la preceptividad de su dictamen en estos procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes locales, que el mismo debe ser solicitado en aquellos expedientes cuando la cuantía reclamada exceda de seiscientos un euros (interpretando el artículo 142.3 de la ya derogada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si  bien los principios sobre los que se asienta esta materia son los mismos que indica la vigente LPACAP).

No obstante lo anterior, frente a esta interpretación se alzaron voces discordantes que defienden que el Consejo Consultivo no es competente, de forma preceptiva, para el conocimiento de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos, pues entienden que el citado artículo 54.9 a) de la Ley 11/2003 refiere a los «Expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha«, lo que implica, a su parecer, que con ello quedan fuera de su competencia los tramitados por la administración local; igualmente aducen a tal fin que, solo aquellos expedientes que excedan de 50.000.- euros conllevarían la necesidad de dictamen preceptivo, como han defendido la Diputación Provincial de Toledo (informe de 24 de abril de 2012) o la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (informe de 15 de febrero de 2012) y en el que más parece defender la falta de competencia del Consejo en razones burocráticas (lo definen como «carga burocrática«) y en la cuantía de los 601.- euros, que dicha Federación considera ajena a la realidad local; o más recientemente en un artículo de opinión publicado en Diario La Ley (Nº 9183, Sección Tribuna, 23 de Abril de 2018, Editorial Wolters Kluwer), en la que se hace una defensa de la falta de competencia del Consejo de forma absolutamente interesada y, con el debido respeto y en términos de estricto debate jurídico, erróneo.

En mi opinión, dichas justificaciones adversas no son acertadas, siendo más correcto y coherente entender, tras la interpretación en su conjunto de las normas citadas, que la competencia del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración local de la región, viene dada por así exigirlo la ya citada Ley 39/2015 en su artículo 81.2 al decir, expresamente y sin lugar a dudas, que para la tramitación de dichas reclamaciones “será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma” y sin más limitación económica que los referidos 50.000 euros o “la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica”; es decir, por imperativo legal, el informe del Consejo Consultivo es preceptivo en tanto la cuantía exceda de los 601.- euros -como se establece en el artículo 54.9 a) de la Ley 11/2003-; y es indudable que la competencia de este Consejo alcanza al conocimiento de dichas reclamaciones ex lege artículo 57: “cuando preceptivamente venga establecido en las leyes”, como ciertamente lo establece el tan repetido artículo 81.2.

Por último, en este sentido y teniendo en cuenta que el Consejo Consultivo es un órgano que vela por la tutela de los derechos de los administrados en sus relaciones con la Administración pública, en el Acuerdo de enero de 2012 antes referido se manifestaba que “de otro modo la garantía que supone la intervención del órgano consultivo en el procedimiento tramitado podría verse mermada en el ámbito local respecto al autonómico, si considerásemos que en el primero sólo es preceptiva la intervención cuando la cuantía de la reclamación iguala o supera un límite (50.000 euros) que es sensiblemente superior al establecido para el segundo (601 euros)”.

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